La lucha entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno llegó a un punto culminante esta semana, cuando el ente supervisor de las finanzas del gobierno, demandó al gobierno para implementar la reducción de jornada laboral.
Cerca de 140,000 empleados públicos, corren el riesgo de perder dos días de trabajo al mes, como parte de la decisión de la JSF de implementar la reducción de jornada laboral. La decisión responde a los acuerdos plasmados en el Plan Fiscal aprobado en marzo 30, que dejó abierta esa posibilidad si el gobierno no lograba generar ahorros recurrentes de $240 millones, como parte del proceso de reducción de gastos.
No debe ser sorprender a nadie, la necesidad de comenzar a implementar recortes mayores al gasto del gobierno, cuando el déficit estructural que urge reducir asciende a $7,000 millones. Sin acceso a los mercados de bonos, y sin espacio para nuevas contribuciones a individuos o las corporaciones, y sin rescate financiero del gobierno federal, no queda de otra que comenzar a cortar gastos, y por fin abrazar la disciplina fiscal.
Si bien es cierto, que desde el 2009 los gastos de nómina se han ido reduciendo, no deja de ser menos cierto que todavía el gasto en pago laboral del gobierno es alto, ($4,200 millones). Los gastos en nómina llegaron a su punto más alto en el 2009 al llegar a $5,500 millones).
Dicho lo anterior, la coyuntura actual no puede ser más ideal para iniciar un proceso de reingeniería del gobierno que permita no solo incorporar reducción en el gasto en nómina, sino también lograr una nueva estructura gubernamental ágil, moderna y eficiente. Sin embargo, estos objetivos deseables y viables chocan con la realidad del partidismo crudo y salvaje que no quiere darle paso a este tipo de reformas.
El gobierno ha decidido no obedecer la orden de la JSF, que ha provocado a su vez una acción legal por parte del organismo federal para hacer valer su poder provisto por la Ley federal conocida como PROMESA. La oposición a reducir la jornada responde más a razones de corte político y mediático. El gobierno parece evitar la posibilidad del costo electoral que tendría sobre la reelección del gobernador en el 2020. Además, el gobierno intenta provocarle una crisis al Congreso con el objetivo de lograr alguna ayuda en el área de salud, o algún tipo de rescate financiero que mitigue los efectos del ajuste fiscal y proyectar una victoria ante el ente federal, que diversos sectores, incluyendo los propios partidos intentan demonizar.
Sin embargo, los mismos partidos que hoy quieren proyectar a la JSF como la responsable de todos los males fiscales de Puerto Rico, aplaudieron el uso de PROMESA y el apoyo de la JSF a enviar $50,000 millones de la deuda, incluyendo la deuda constitucional al título 3 (el mecanismo de quiebra) que provee la misma ley federal. En otras palabras, PROMESA es buena para buscar protección contra los acreedores, pero es mala al momento de exigir la disciplina fiscal.
Finalmente, parece quedar claro que como siempre, “la soga va a partir por lo más fino”, por los más vulnerables, los empleados públicos. El gobierno parece no tener la voluntad de introducir ninguna reforma que toque las “vacas sagradas” y llegados de la nueva nobleza puertorriqueña, los conectados con el poder político.
Mientras Puerto Rico se encamina a un colapso fiscal y económico, los gastos no esenciales siguen en aumento. Aún con Puerto Rico en quiebra, presentamos algunos de los gastos en grasa improductiva, y que el gobierno no quiere tocar ni con una vara larga.
Gastos millonarios en escoltas a funcionarios: La superintendente de la policía indicó el 12 de abril de 2017, que el gasto en escoltas proyectado es de $53 millones, eso incluye a los ex gobernadores.
Gastos millonarios en la Comisión Estatal de Elecciones: con un presupuesto de $38 millones, aún fuera del ciclo electoral. Eso es un feudo de los tres partidos políticos, plagado de nepotismo y una nómina abultada.
Gastos millonarios en publicidad: Los gastos en publicidad, según un reportaje publicado en el Nuevo Día el 18 de julio ascendían a $24.2 millones.
Contratos millonarios en El Capitolio, se ha convertido en una agencia de empleo al contratar a todos los políticos derrotados, con gastos en contratos ascendentes a $10 millones.
En estos cuatro reglones solamente hay $125 millones, casi la mitad de los ahorros necesarios para evitar afectar a los empleados públicos. Podemos encontrar el restante $125 millones en otras partidas de contratos innecesarios, pago de rentas innecesarias y gestiones ineficientes asociadas a la manera en que opera el gobierno.
En el fondo, hay un problema de voluntad o falta de voluntad para hacer buen gobierno. Hay una carencia profunda de buena gobernanza, y de líderes dispuestos a tomar decisiones correctas por el bien de Puerto Rico. Esa parece ser nuestra principal tragedia como pueblo.
