Desde el inicio del proceso de industrialización, iniciado en la década del 1940, la emisión de deuda fue el vehículo que utilizó el gobierno para financiar el desarrollo de infraestructura y proyectos para apoyar el desarrollo económico. En diversas instancias, algunos gobiernos incluso recurrieron a emitir deuda pública para enfrentar situaciones económicas adversas como fue el caso de la primera administración de Rafael Hernández Colón (1973-76). Durante ese período de tiempo, la deuda aumentó de $2,991 millones a $5,587 millones, y el entonces gobernador tuvo que recurrir a otras medidas drásticas y nuevos impuestos, para mitigar la crisis económica provocada por el embargo petrolero de la OPEP. Durante ese período, la economía tuvo un crecimiento anual promedio de en un 1.4%.
Entre el 1977 y el 1984, bajo la incumbencia del Gobernador Carlos Romero Barceló, la deuda aumentó de $5,962 millones a $8,693 millones, dentro de lo que fue un período de cambios al modelo económico, incluyendo el comienzo de la Sección 936 en el 1976. Excepto por la recesión del 1982-83, la economía tuvo un crecimiento significativo experimentando tasas de entre 3.9% y 5.4%, para el período de 1977 al 1979. El crecimiento económico en el 1984, fue de 3.8%, como parte del proceso de recuperación.
En la segunda administración de Rafael Hernández Colón, entre el 1985 y el 1992, la economía experimentó un proceso de crecimiento razonable con tasas anuales de entre 3% y 4% hasta llegar al período de 1991-92, cuando la economía se creció por debajo de 1%. Durante ese período, la deuda aumentó de $8,837 millones a $13,822 millones. Este crecimiento se dio en un contexto de una expansión significativa de la base industrial, particularmente de empresas intensas en capital vinculadas al conglomerado farmacéutico.
Entre el 1993 al 2000, la deuda pública aumentó de $14,242 a $23,822 millones, en el contexto de un aumento en el desarrollo de proyectos de infraestructura financiados por el gobierno, como el Coliseo de Puerto Rico, el Tren Urbano, y el Centro de Convenciones, entre otros. El costo combinado de estos tres proyectos fue de $2,968 millones.
Se inició también la privatización del sistema de salud del gobierno, que actualmente le cuesta Fondo General sobre $2,000 millones. La economía tuvo un crecimiento significativo que ocurre de forma paralela a la expansión de la economía de los Estados Unidos y el efecto directo de la fuerte inversión pública de los mega-proyectos de infraestructura financiados con nueva deuda.
