Hace dos semanas tuve la oportunidad de visitar el Congreso de los Estados Unidos junto a un grupo de ciudadanos preocupados por la inercia para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. Luego de asistir a la vista del Comité de Recursos Naturales del Senado Federal, tuvimos la oportunidad de reunirnos con asesores de alto nivel del liderato senatorial que tiene en sus manos la responsabilidad de atender el caso de la isla. Un día antes, la Casa Blanca a través del Departamento del Tesoro Federal develó un plan integral que ayudaría a atender la crítica situación financiera y económica de Puerto Rico. La propuesta del Presidente Barack Obama, murió al nacer y fue inmediatamente rechazada por el liderato de las cámaras legislativas bajo control del partido republicano.
Aún con esa dura realidad evidenciada en la vista del Senado, decidimos llevar a cabo nuestras reuniones educativas, abogando por una acción del congreso. Nuestro planteamiento principal, es que ha quedado claro que el problema de Puerto Rico es estructural, que los actuales actores políticos e institucionales no van a llevar a cabo las reformas estructurales y que hay una responsabilidad compartida. Sin embargo, la situación de Puerto Rico se ha convertido en un tema político electoral de segundo o tercer nivel, dentro de la lucha electoral a nivel nacional. No abona mucho a nuestra causa, la falta de credibilidad provocada por la partidocracia local al no presentar un cuadro real de la situación financiera del ELA, ni soluciones serias por parte de la oposición política. Tampoco nos ayuda mucho, la falta de unidad de propósitos del liderato político en un tema tan serio, en el cual Puerto Rico se juega la vida. Claramente, los dos partidos principales han convertido la crisis en un tema partidista y eso derrota cualquier esfuerzo serio ante el Congreso Federal. Y para complicar el panorama, los acreedores han establecido una “cabeza de playa” en el congreso, bloqueando cualquier esfuerzo que se perciba como un rescate para la isla, incluyendo el capítulo 9.
A pesar del claro entendimiento por parte del gobierno federal, de que la isla es la única jurisdicción federal, que una década después continúa en depresión, no veo una urgencia para actuar a favor de la crisis criolla.
Una ruta alterna al colapso
Enfrentar la dura realidad de que estamos solos, no deja otra opción que articular un nuevo plan de acción que nos permita enfrentar lo que nos viene para encima. Sin herramientas nuevas, desde mi perspectiva la crisis se agudizará cuando ocurra un impago de las obligaciones de corto plazo, un eventual cierre parcial de las operaciones del gobierno, y posiblemente la implosión de programa de “Mi Salud”. Un problema fundamental que enfrentamos, es que el gobierno federal no quiere entender que la actual crisis, aunque en gran medida es de creación local, el Congreso y el Ejecutivo tienen un grado de responsabilidad también. Es decir, hay un grado de responsabilidad compartida, que los incluye y que involucra también al sector empresarial, que también se ha mantenido algo pasivo en los últimos meses, a pesar del deterioro evidente. La magnitud de los problemas que se han acumulado y están a punto de estallar, requiere un plan de “salvación nacional” que permita implementar soluciones fiscales de corto y mediano plazo, junto con un programa de reactivación económica que evite el colapso gubernamental y productivo de Puerto Rico.
El plan que recomiendo debe incluir una primera estrategia que provea roles y responsabilidades al sector empresarial, los sindicatos, los acreedores la academia, y la sociedad civil, dentro de las acciones a tomar, En este plan hay que incorporar a lo diáspora boricua (4 millones de puertorriqueños) que vive en los Estados Unidos. Estos hermanos que residen en el norte, deben comenzar a organizarse y movilizarse para ejercer presión en sus respectivos estados y ciudades para presionar al Congreso a que actúe sobre la crisis antes de que sea demasiado tarde. En segundo plano, hay que desarrollar una hoja de ruta para re-estructurar el gobierno, las corporaciones públicas y la deuda, en un programa coherente supervisado no por el gobierno de turno, sino por un ente externo con participación local y por miembros asignados por el gobierno federal. A lo que me refiero es a una junta de supervisión fiscal híbrida que garantice la transparencia y permanencia de las reformas fiscales y económicas. Esto es esencial para lograr credibilidad ante el congreso, y los acreedores. En tercer lugar, el sector empresarial junto con el resto de los actores productivos locales, debe articular un proyecto de desarrollo económico “post-crisis fiscal” que nos permita volver a ser una verdadera sociedad orientada a la producción y creación de riqueza, así como un País viable desde la perspectiva social y económica.
La actual crisis es una criatura creada por todos nosotros, y eso nos impone una responsabilidad compartida, vamos a asumirla con seriedad y compromiso, aún podemos evitar el colapso.
