Evidentemente empezó el conteo regresivo para la suerte final de la reforma contributiva que impulsa el presidente Donald Trump en el Congreso.
La reforma tributaria, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, rebajaría los tipos impositivos, particularmente a los contribuyentes de ingresos altos, y reduciría a 20% la tasa contributiva corporativa a las empresas ubicadas en los Estados Unidos. Simultáneamente, impondría un arancel de 20% a la importación de los productos hacia el mercado norteamericano. Este proyecto de reforma contributiva fue uno de los pilares del programa político del hoy presidente denominado “Make America Great Again” (MAGA). Pese a los esfuerzos del gobierno y el sector privado, para incluir a la Isla dentro de la reforma contributiva federal, los mismos no han dado resultados positivos, y los cuerpos legislativos parecen decididos en dejar a la Isla fuera. De materializarse este escenario, Puerto Rico sería un ente foráneo para efectos del nuevo código contributivo federal.
Bajo este programa, el mandatario norteamericano aspira a crear nuevos empleos en suelo americano, mediante la rebaja en las contribuciones a las empresas, y la imposición de impuestos de entrada (arancel) a las importaciones de otros países. El proyecto contributivo tiene una misión claramente proteccionista al imponer aranceles a las importaciones, y a la misma vez, promover que las empresas multinacionales traigan de regreso sus ganancias y establecimientos a los Estados Unidos.
El debate nacional de analistas y economistas, sobre si estos objetivos se lograrán sigue abierto, mientras que en Puerto Rico surgen grandes preocupaciones sobre como esta reforma de aprobarse afectaría a la economía local.
Hay razones de sobra para preocuparnos sobre las intenciones de la reforma federal y sobre como se afectará la ya lastimada competitividad de la Isla para retener y atraer nuevas empresas multinacionales. Desde la concepción misma del proyecto de industrialización de Isla, en el 1948, el enfoque estratégico para atraer empresas del norte descansó en incentivos contributivos federales (legislados por el Congreso).
Un paraíso fiscal bajo territorio de Estados Unidos
El ser un territorio no incorporado, permitió al gobierno federal proveer tratos contributivos especiales a Puerto Rico para impulsar su “desarrollo económico”.
Primero bajo la Sección 931, y a partir del 1976, bajo la Sección 936, el gobierno federal proveía poderosos incentivos al capital corporativo ubicado en la Isla que representaba jugosas ganancias libre de impuestos a nivel federal. El atractivo ambiente contributivo, unido a bajos costos de mano de obra, y acceso libre de aranceles al mercado norteamericano, convirtió a la Isla en el lugar ideal para las multinacionales. Entre el 1976 y el 1996, período de vigencia de la Sección 936, Puerto Rico se convirtió en la capital hemisférica de la manufactura de medicinas.
Los incentivos contributivos, que en principio tenían como norte estimular la creación de empleos, eventualmente, se convirtieron en poderosos mecanismos para que las empresas tuvieran ganancias extraordinarias. Así las cosas, en el 1996, el Departamento del Tesoro promovió en el Congreso, con la anuencia del gobierno local la eliminación de la Sección 936. Se proveyó una ventana de diez años, que expiró en diciembre de 2005. Las empresas farmacéuticas que se quedaron, luego del fin de la Sección 936, y las otras manufactureras intensas en capital y tecnología, se reorganizaron bajo la Sección 901 del Código de Rentas Federal, como corporaciones foráneas. Lo que les permitió extender su ciclo de vida de en Puerto Rico. La eliminación de la Sección 936, en gran medida la depresión económica que comenzó en el 2006, y que aún se extiende, en gran medida porque no se ha habilitado un nuevo modelo productivo. Casi dos décadas después, el Congreso se apresta a aprobar una reforma contributiva, que nos excluye y que agravaría la ya difícil situación económica de la Isla.
Los impactos de la reforma contributiva federal
Los efectos inmediatos de esta reforma contributiva como está planteada es que haría poco atractivo para las empresas continuar operaciones en la Isla. El arancel de 20% encarecería los productos manufacturados en Puerto Rico, las empresas enfrentarían altos costos de transportación marítima, (Jones Act), a la misma vez que enfrentarían altos costos de energía.
Literalmente, Puerto Rico perdería competitividad vis-a-vis otras jurisdicciones, incluyendo los propios estados. Bajo este escenario, estarían en juego sobre 72,779 empleos de la manufactura, sector productivo que de hecho representa el 45% del Producto Bruto Interno (PIB). Estos son los empleos mejores pagos en la Isla, con un salario promedio de sobre $50,000 anuales (la media salarial en la Isla es de $27,000). También están juego, exportaciones de medicinas valoradas en $52,000 millones anuales, y sobre $2,000 millones en ingresos fiscales al Departamento de Hacienda y los gobiernos municipales. Un 20% de los recaudos de Hacienda provienen de estas empresas que pagan un arbitrio especial de 4% habilitado por la Ley 154 de 2010. En el año fiscal 2016-17, las corporaciones foráneas pagaron $2,000 millones por concepto de este arbitrio.
Al igual que cuando se derogó la Sección 936 en el 1996, Puerto Rico sufrió un duro golpe del cual aún no se recupera, si materializa esta reforma contributiva, la economía de Isla estaría expuesta a un duro golpe con un efecto multiplicador sobre el resto de los sectores productivos.
Una agenda económica propia
En el contexto de los estragos ocasionados por el huracán “María”, el nuevo reto que supone la reforma contributiva obligaría a un rediseño completo del modelo de producción e industrial anclado en disposiciones federales que no controlamos. Habría que idear un nuevo esquema competitivo que se fundamente en las posibilidades internas de la economía local, identificando los sectores donde la Isla posee ventajas competitivas propias.
Este rediseño, la eliminación de regulaciones que le restan competitividad a la economía local, como lo es la propia Ley Jones, y la incapacidad de firmar acuerdos comerciales con otros países.
En fin, urge convertir la actual crisis en una oportunidad que se apoye en acciones inmediatas para reconstruir la economía y paralelamente diseñar un nuevo modelo productivo sostenible por si mismo, y nos mecanismos ajenos a nuestro control.
