En días recientes ha cogido fuerza el debate en torno a las posibilidades reales de que la economía local se pueda recuperar de cara al 2018. Paralelo a ese debate, también hay una discusión muy acalorada e intensa en torno a quien tendrá la responsabilidad de gerenciar el dinero para financiar la reconstrucción de Puerto Rico.
Con respecto al primer debate, mi posición fundamentada con análisis es que, si en efecto entraran a la economía los miles de millones de dólares por concepto del proceso de reconstrucción, ($10,000 – $20,000 millones), la economía puede experimentar tasas positivas de crecimiento.
Dentro del análisis, queda claro que es mucha la destrucción material, de infraestructura física y productiva, así como los costos humanos y sociales. Podemos estipular, que hay daños que nunca se podrán recobrar, particularmente las muertes asociadas al huracán.
Sin embargo, la inyección de dinero nuevo para reparar si impactará variables macroeconómicas, como la inversión y el empleo, precisamente en industrias con un alto impacto multiplicador dentro de la economía.
En el corto plazo, claramente hay riesgos enormes asociados a la falta de energía, que golpea la estabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas, que han provocado aumento en el desempleo, y una emigración acelerada. Los riesgos sistémicos de corto plazo pueden arruinar la posibilidad de que la entrada de dinero nuevo levante la producción de cara al 2018.
Entre el corto plazo (último trimestre del 2017) y el mediano plazo (2018) lo que estamos manejando es pura incertidumbre y gerenciando riesgos dentro de la fragilidad económica que ya tenía el sistema. No podemos perder de perspectiva, que antes del golpe de “María), Puerto Rico ya tenía más de una década en depresión, y el gobierno en bancarrota.
La mala gobernanza
Con respecto al segundo debate, el de la gobernanza del proceso de recuperación, todo parece indicar, que el Congreso y el Gobierno Federal, ya han dado por hecho de que las estructuras políticas locales no tienen la capacidad de reconstruir a Puerto Rico. El asomo de los malos manejos del dinero federal para financiar la reconstrucción y la desconfianza del Congreso, dejan ver un peligroso problema de fondo, que es la obsolescencia del modelo de gobernanza y el colapso de las instituciones administrativas locales.
El reto mayor que tiene Puerto Rico no es la falta de recursos para financiar la reconstrucción sino la ausencia de una clase gobernante capaz de gerenciar el diseño de un nuevo país, desde las ruinas. Así las cosas, el Congreso se inclina a darle más poderes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para que, ante la ausencia de una gerencia efectiva y confiable, se encargue de administrar los fondos federales para levantar a Puerto Rico.
En palabras sencillas, el Congreso se presta a reducir el espacio de acción del gobierno insular, y transferir al organismo creado por PROMESA la responsabilidad de guiar el proceso de reconstrucción de la Isla. Al tomar en cuenta, la enorme deuda pública, la insolvencia de las corporaciones públicas, de los gobiernos municipales, y de los programas de retiro, vamos camino a un proceso largo y complejo.
Con toda probabilidad seremos testigos de privatizaciones de utilidades públicas, de una reorganización del gobierno, de consolidaciones de industrias completas, de una emigración sin precedentes, y muchos cambios que debimos haber implementado hace tiempo, pero faltó la determinación política para hacerlos.
El diseño de un nuevo Puerto Rico tomará mucho tiempo, posiblemente más de una década, en ese largo trayecto, lo ideal es que mientras se reconstruya la economía, seamos capaces de rehabilitar nuestra gobernanza y las instituciones que la apoyan. Merecemos no solo una mejor economía sino una clase gobernante diferente, pero sobre todo capaz.
