La semana pasada se anunció que la Casa Blanca enviará a Puerto Rico a un grupo de asesores en materia fiscal y económica para “ayudar” al gobierno local a manejar la crítica situación financiera que enfrenta. Inmediatamente, la noticia fue politizada y se comenzó a decir que esto era parte del comienzo de una sindicatura federal. El tema sustantivo detrás de este anuncio es la preocupación que tiene el gobierno federal sobre la situación fiscal de la Isla y la inefectividad del uso de los fondos federales que nos envían anualmente. La realidad es que la “dependencia” del País en las transferencias federales siempre ha sido un tópico importante en la discusión económica. En tiempos recientes, mientras se ha agudizado la recesión, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, ha sido incrementar las ayudas federales, pero tal estrategia no ha sido efectiva. Ha colocado a la Isla en un ciclo permanente de dependencia.
El efecto de los fondos federales
Entre el 2008 y el 2012, en términos acumulativos las transferencias federales a los individuos ascendieron a $62,777 millones. Durante ese mismo período llegaron a nuestras costas $7,000 millones adicionales por concepto de los fondos ARRA. De forma agregada, el dinero federal que circuló por la economía fue de $69,777 millones, pero durante ese mismo período irónicamente la situación económica lejos de mejorar se agravó. Esta contradicción tiene su explicación en el hecho de que casi la totalidad de ese dinero se dedica a financiar actividades de consumo, particularmente productos importados.
En segundo lugar, algunos componentes de estas transferencias federales, desalientan y distorsionan conductas productivas en detrimento de la productividad laboral y el crecimiento en el empleo. El efecto macroeconómico al final del día, es que el dinero federal entra y sale de la economía, sin incrementar el acervo de capital y mucho menos estimular nueva producción. Por otro lado, el dinero federal que recibe el gobierno local para su funcionamiento, que en el 2012 ascendió a $4,800 millones, no esta siendo maximizado, lo cuál tampoco ayuda a la economía.
Un re-enfoque en el gasto federal
La crisis fiscal que enfrenta el gobierno federal va a producir grandes cambios en su política asistencialista y, por ende, va afectar a una gran cantidad de programas. Puerto Rico al ser la jurisdicción con mayor dependencia en estos programas, debería comenzar a generar un plan de transición hacia un mayor nivel de autosuficiencia. En las pasadas tres décadas, se han creado industrias que dependen en gran medida en las transferencias federales, como, por ejemplo, la educación superior, la industria de alimentos y la industria de salud. Mientras que, en el ámbito social, no hay duda que la gran cantidad de ayudas federales, ha sido responsables de perpetuar una especie de “pobreza estructural”. Según el Censo Federal, cerca del 48% vive bajo los niveles de pobreza.
La transición hacia la autosuficiencia debe comenzar re-enfocando muchos de estos programas hacia el financiamiento de la construcción de una nueva base productiva. Es decir, lejos de seguir enviando dinero para financiar gastos y subsidiar programas sociales, se debe comenzar a separar parte de ese dinero para programas de transición de las personas que hoy viven de las ayudas, hacia el mundo productivo. Por ejemplo, una de las áreas donde se puede comenzar el cambio de enfoque, es condicionando las ayudas a algún tipo de trabajo y promover la transición de los que actualmente viven en la dependencia hacia el mundo del trabajo.
Una de las áreas en donde se puede orientar estas ayudas para promover nuevos empleos, es en la agricultura, y en otras industrias intensas en mano de obra y de bajas destrezas. El gobierno federal pudiera condicionar que parte del dinero del programa de asistencia nutricional (PAN) se use para compra de productos agrícolas locales, y así se lograría la sustitución de importaciones. En cuanto a los fondos destinados para las agencias de infraestructura, estos se deberían enfocar estrictamente para financiar la rehabilitación y construcción de nuevos proyectos de obra pública, en vez de financiar gastos operacionales en estas agencias.
La transición hacia la autosuficiencia
Puerto Rico no puede seguir expuesto a decisiones fiscales y económicas de las cuáles no tiene ninguna participación y que afectan el destino de su economía. La experiencia con la eliminación de la Sección 936 en el 1996, y la posibilidad cada vez más inminente de recortes en el gasto federal, deben servirnos para comenzar a articular nuestro propio programa de desarrollo. De cara al futuro, cualquier proyecto en esta dirección debe tener entre sus objetivos, lograr un mayor grado de autosuficiencia y reducir la dependencia en las ayudas del gobierno federal.
Finalmente, esta transición será posible en la medida que el País viabilice una base productiva de capital local, una oferta exportadora propia, y una cultura de innovación económica. El tiempo nos traiciona, hay que actuar ahora, pues me temo que por primera vez tendremos que resolver nuestros problemas solos.
