La decisión del gobierno en radicar quiebra bajo el título 3 de PROMESA, convierte a Puerto Rico en el primer gobierno estatal en acogerse a esa protección legal para protegerse de los acreedores. Si sumamos la deficiencia actuarial de los sistemas de pensiones, la quiebra gubernamental es de $110,000 millones, la más grande en la historia del mercado municipal.
La política partidista, causante de mucha de nuestras desgracias como pueblo, siguió adherida al proceso de toma de decisiones, en un momento de vida o muerte para nuestro futuro. No hay duda, que nuestro fracaso fiscal y económico, supone también el fracaso de nuestro sistema político. Hoy validamos, que el experimento de auto-gobierno limitado, concedido por Estados Unidos a la Isla en el 1952, ha fracasado.
Nuestra mediocridad, le fallado la pasada generación que parió el Puerto Rico que hoy quebramos, y peor aún, le estamos fallando a nuestros hijos y nietos, al dejarles una economía disfuncional e insolvente. Ojalá tengan la capacidad de perdonarnos.
Los efectos sobre los ciudadanos
El proceso que comienza ahora será complejo y doloroso. La re-estructuración va a implicar no solo reducir deudas, sino reducir gastos, tamaño del gobierno, reducción de servicios gubernamentales, perdida de beneficios para los pensionados, miles de empleos gubernamentales y también privados. Los recortes que puede imponer el juez federal, unido a las medidas de austeridad a implementar la Junta Fiscal.
Menos deudas, pero también menos gasto gubernamental: El juez de quiebras y la Junta de Supervisión Fiscal re-estructurarán la deuda y el gasto del gobierno, lo que puede llevar a reducción de servicios del gobierno;
No todos los bonistas son millonarios: La re-estructuración de la deuda pública va implicar la perdida de capital para cerca de 60,000 bonistas locales, entre ellos, clase media, retirados, pensionados, sindicatos y cooperativas. Al cortar principal a la deuda, se reduce riqueza local e ingresos de personas que gastan en la economía.
Reducción en el empleo: Muy posiblemente, la implementación de la llamada austeridad redunde en la reducción de empleos gubernamentales; Posiblemente entre 15,000 y 20,000 empleos. La pérdida de empleos en el gobierno puede traducirse en reducción de empleos en el sector privado.
Impacto en las pensiones: Los dos sistemas de pensiones, el del gobierno central y los maestros enfrentan una deficiencia actuarial de $40,000 millones. El proceso de quiebra, va re-estructurar las pensiones y posiblemente muchos pensionados vean reducida sus pensiones entre un 10% y un 30%. La pensión promedio en la Isla es de $1,000 mensuales.
Consolidación de municipios: En la actualidad hay 40 municipios al borde la insolvencia, la re-estructuración del gasto público y la eliminación del subsidio de $350 millones, va a obligar a que muchos municipios tengan que consolidarse para poder subsistir.
Impacto en la economía: Los efectos anteriores de forma combinada van a impactar la economía alargando la contracción hasta por los menos el 2022. Habrá menos empleos, menor inversión y aumentará la emigración.
A pesar de todo lo anterior visualizo que este proceso abre una oportunidad para construir un mejor Puerto Rico.
