Las últimas dos semanas han sido socialmente intensas. La Universidad de Puerto Rico está cerrada por una huelga y diversos sindicatos comienzan a anunciar paros. La criminalidad comienza a incrementar, y el ambiente se siente tenso.
El país está molesto, y comienza a indignarse. Juan del Pueblo comienza a entender de que cualquier combinación de soluciones va a terminar afectando a los más sectores más indefensos de la sociedad, aquellos que no tienen costosos cabilderos, ni conexiones dentro del gobierno para que los proteja. En ese grupo, caen pensionados del gobierno, estudiantes, los sectores con menos ingresos, y la gran mayoría de la ciudadanía definida como clase media.
Sin conocer los detalles técnicos del asunto, cada día son más lo que se unen al reclamo de que se audite la deuda de $70,000 millones adquirida por el gobierno. A estas alturas del juego, resulta obvio que la gente quiere y necesita saber la verdad, de cómo luego de décadas de malos manejos financieros, se quebró a Puerto Rico. El reclamo es legítimo tomando en cuenta, que la deuda precisamente es pública, es decir, se paga de los impuestos que pagamos todos, y las tarifas por el uso de los servicios o utilidades.
En la actualidad, la deuda per cápita es de $20,000. Esa es la cantidad de dinero, que nos tocará pagar a todos, si fuera a distribuirse de forma proporcional el pago a futuro, y si hubiera que pagarla en su totalidad. Una auditoría permitiría saber en qué se han utilizado los $45,000 millones tomados prestados por el gobierno entre el 2001 y el 2014. Hay que contestar preguntas básicas sencillas pero importantes; ¿Cómo se emitió la deuda? ¿La legalidad de todas las emisiones? ¿En que se han usado todos los recursos financieros que se tomaron prestados?
Cómo se quebró al gobierno
Una auditoría de la deuda revelaría lo que muchos economistas advertimos y fuimos ignorados, cuando el gobierno comenzó a financiar déficits operacionales con la emisión de deuda. En adición al uso de préstamos para financiar los déficits fiscales, a mediados de la década del noventa se comenzaron financiar mega-proyectos de infraestructura ignorando la capacidad de repago de esa deuda, cuando la economía perdiera la Sección 936, algo que ocurrió en el 1996.
A partir del 2000, cuando los gastos del gobierno comenzaron a exceder los ingresos, de forman consistente, se comenzó a tomar prestado para pagar nómina y otros gastos operacionales. Cuando se intensificó la crisis de liquidez, se recurrió a la terrible práctica de pagar vencimientos de deuda, con nuevas emisiones. Esto es el equivalente a que en el hogar se comience a pagar una tarjeta de crédito con otra, o tomar prestado para pagar la luz o hacer la compra. Es decir, financiar gastos corrientes, con ingresos no recurrentes.
Así nacieron embelecos financieros, como la llamada deuda extra-constitucional, y en el 2006, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, (COFINA), un emisor de deuda que usó para emitir tomar prestado por encima del margen constitucional del 15%. COFINA, creada justo luego del cierre gubernamental, y que ya debe $15,000 millones. Dos décadas después, tenemos una economía en ruinas, y no hay la capacidad para re-pagar lo que se tomó prestado sin afectar el tamaño del gobierno y los recursos para atender servicios esenciales como la salud y la educación.
Como he dicho en ocasiones anteriores, hay que pagar, pero antes debemos contestar las preguntas anteriormente descritas, y la re-estructuración de la deuda tiene que tomar en cuenta la verdadera capacidad de repago de la economía. Me reafirmo también en que hay definir que son servicios esenciales, desde una óptica real, y no desde la conveniencia de los políticos. Hay que limpiar la corrupción inherente al sistema y cortar contratos que solo sirven para pagar favores y los donantes de las campañas.
La locura llegó a un punto crítico en el 2016, cuando el anterior Gobernador, decidió alejarse de la constitución y por primera vez, incumplir con el pago de la llamada deuda constitucional (Bonos de Obligación General).
Insolvencia de las pensiones
La auditoría debe incluir los sistemas de pensiones, ya que los malos manejos financieros de los dos partidos que han alternado el poder, se extendieron también hasta los sistemas de retiro. Por mucho tiempo, se recurrió a tomar prestado de estos sistemas, para cuadrar déficits operacionales, y se legislaron beneficios sin aumentar las aportaciones, al sistema. El populismo sustituyó la buena gerencia y quebraron también los sistemas de retiro, con el potencial de afectar sobre 200,000 jubilados del gobierno central y maestros.
$22,000 millones en impuestos
Finalmente, aún con la gran cantidad de emisiones de deuda, en la última década diferentes gobiernos han implementado o aumentado impuestos existentes que han generado 22,000 millones en nuevos ingresos al gobierno. ¿A dónde fue todo ese dinero?
Hay razones de más para una auditoría, hay un pueblo agobiado en busca de la verdad, urge abrir los libros antes de que haya una explosión social.
