Desde que comenzó la recesión económica, tanto las empresas como el gobierno invierten cada vez menos por cada dólar que generan en ingresos. La inversión privada, la cual es llevada a cabo por parte de las empresas en forma de construcción y compra de maquinaria y equipo, se ha reducido a una tasa promedio anual de 2.4% para una reducción total de 21% desde el 2007, totalizando $7,100.1 millones para el 2016, lo que implica que se han dejado de invertir $1,891 millones por parte de las empresas desde que comenzó la recesión.
Esto se debe tanto al aumento en los costos de hacer negocios que es consecuencia directa del aumento en las tasas de impuestos sobre ventas y usos, propiedad y contribución sobre ingresos y los costos de las utilidades como lo son el agua y energía eléctrica. Dicha reducción en la inversión privada puede ser atribuida de igual manera a las restricciones en el acceso a financiamiento de actividades productivas por causa de prácticas prestatarias más rigurosas por parte de las instituciones financieras y mayores tasas de interés como medida de aversión al riesgo de impago.
Por otro lado, en el caso de la inversión pública, la cual es llevada a cabo por parte del gobierno estatal y los gobiernos municipales mediante obras de infraestructura y mejoramiento de esta y compra de maquinaria y equipo, esta ha experimentado una reducción mucho más drástica, cayendo a razón de una tasa promedio anual de 7.6% para una reducción total de 57% desde el 2007, totalizando $1,162.3 millones para el 2016, lo que implica que el gobierno ha dejado de invertir $1,520.7 millones desde el comienzo de la recesión o un promedio de $169 millones por año. Esta significativa reducción en la inversión que realiza el gobierno es explicada en gran parte tanto por los bajos niveles de rendimiento de los proyectos de inversión, por la expiración de paquetes de fondos federales como también por el acceso cada vez más restringido a financiamiento mediante la emisión de bonos por causa de la degradación del crédito del gobierno a chatarra.
Por instancia, el problema de los bajos niveles de rendimiento de la inversión pública consiste en que el ingreso generado por las obras de infraestructura y capital no supera el valor inicial de inversión, por lo que el efecto neto del gasto de inversión se ha reflejado en el largo plazo en pérdidas para el gobierno. Desde que comenzó la recesión, la tasa de rendimiento de la inversión pública, la cual es la proporción de ingresos generados por concepto de inversión al gasto total de inversión, estuvo en su punto más alto en el 2014, año en el cual dicha tasa se situó en 48%, por lo que en su punto más alto, el gobierno generaba 48 centavos en ingresos por cada dólar que invertía a la vez que perdía 52 centavos. Este aumento de la tasa de rendimiento entre el 2012 al 2014 puede ser explicado por el leve crecimiento económico a razón de 0.5% que se dio en el 2012 a raíz de los fondos ARRA y la continua asignación de dichos fondos hasta que la misama se redujo en un 97% entre el 2013 y 2014.
Luego del 2014, dicha tasa de rendimiento se ha redujo por 14 puntos porcentuales, situándose en 34% para ambos años fiscales 2015 y 2016, lo que implica que el gobierno ha generado 34 centavos por cada dólar que ha invertido desde el 2015, una pérdida de 66 centavos por dólar invertido.
Por otro lado, los ingresos netos del gobierno por concepto de interés, los cuales consisten en la diferencia entre los intereses que recibe el gobierno por concepto de rendimientos de la inversión y los intereses que paga el gobierno sobre la deuda emitida, se han reducido a razón de 185% desde el 2012, totalizando -$366.8 millones para el 2016, lo que implica que en dicho año los intereses pagados por el gobierno sobre la deuda emitida superaron sus intereses recibidos por concepto de rendimientos de la inversión por $366.8 millones.
La degradación del crédito del gobierno a grado de no inversión entre el 2014 y 2015 ha implicado el cierre del mercado de bonos para el gobierno, por lo que se ha restringido la cantidad de deuda que este puede emitir y por ende el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura. Esto contrasta con las reducciones de 1.6% y 2.9% en la deuda pública total en el 2015 y 2016 respectivamente y la continua reducción de la inversión pública a razón de 14% y 22% en dichos años por igual. Por lo que en los últimos dos años se han dejado de emitir $3,018.9 millones en deuda como consecuencia de la degradación del crédito a grado de no inversión, lo que ha estado asociado con una reducción en la proporción de deuda a ingreso nacional medido por el PNB nominal de 98% a 95% en el 2015 y de 95% a 91.6% en el 2016.
Por instancia, se estima que se necesitan alrededor de $5,000 millones en inversión nueva por los próximos años para lograr tasas de crecimiento en el PNB real de entre 3% y 4%. En el corto plazo se puede vislumbrar una continua reducción de la inversión interna bruta de capital fijo tanto en el sector público como en el privado como consecuencia de las medidas a implementarse tras la certificación por parte de la JSF del Plan Fiscal propuesto por la actual administración, las cuales resultarían en reducciones del gasto público en proyectos de infraestructura y capital, la eliminación de créditos contributivos a las empresas y aumentos en los impuestos sobre la propiedad. En el largo plazo, con fines de propiciar un aumento en la inversión, se debe considerar reducir las tasas de contribución sobre ingresos retenida de las corporaciones, reducir los impuestos sobre la propiedad y utilizar un posible grado de acceso al mercado de bonos para financiar inversión pública en forma de obras de infraestructura y capital de alto rendimiento y no para financiar gastos operacionales.
