Entre el 2001 y el 2012, la deuda pública experimentó un crecimiento abismal, creciendo de $25,184 hasta $71,345 millones en el 2014. Esta expansión en la deuda pareció ser la respuesta de los gobiernos durante el período de transición provisto al derogarse la Sección 936, derogada en el 1996. La administración Rosselló (1993-2000) expandió la deuda y la utilizó para obras de infraestructura y financiar su principal proyecto social “La tarjeta de salud”. Sin embargo, esta expansión no tomó en cuenta la desaceleración económica que provocaría el fin de la Sección 936.
La economía comenzó a debilitarse lo que provocó el inicio de la reducción de la base contributiva compuesta por las corporaciones, la inversión de esas empresas comenzó a reducirse y para el 2001, comienza el cierre docenas de plantas manufactureras. A partir de entonces, aumentó la dependencia en la emisión de deuda como un mecanismo para financiar gastos operacionales o los llamados déficits fiscales estructurales.
Por ejemplo, en el 2006, junto con el Impuesto de Venta y Uso (IVU) se crea COFINA como un mecanismo para proveerle fuente de repago a la deuda extra-constitucional y evitar una degradación crediticia. La deuda de COFINA, actualmente asciende a $15,223 millones, y gran parte de la misma se ha utilizado para financiar los déficits fiscales resultantes de la contracción económica. Las corporaciones públicas también se endeudaron y fue muy poco lo que utilizó para financiar nueva obra pública.
El debilitamiento o estancamiento que comenzó a experimentar la economía a partir del 2001 agudizó la dependencia en la emisión de deuda pública como mecanismo para estimular actividad económica y financiar los gastos operacionales. La caída en la inversión privada como proporción del Producto Nacional Bruto (PNB) contrasta con el aumento en la emisión de deuda pública como proporción de la producción agregada del País.
La relación entre la deuda y el PNB se elevó de 55.9% en el 2001, a 96.5% en el 2013. Los gobiernos se alejaron de los más básicos principios macroeconómicos y de prudencia fiscal, pavimentando la ruta a la actual encrucijada en la que se encuentra la Isla. En primer lugar, se ignoró la caída económica y su efecto en la reducción en la base contributiva, que implicó una reducción en los ingresos fiscales, generando el déficit estructural.
En segundo lugar, el gobierno central y las corporaciones públicas aumentaron su deuda durante el mismo período en que el crecimiento económico y los recaudos comenzaron a reducirse. Y para completar la “tormenta perfecta”, el colapso de la economía aceleró la crisis fiscal que trató de ser contrarrestada con mayores impuestos a las empresas e individuos.
