Mayor la Deuda y Menor el Valor de los Activos de los Individuos a Raíz de la Recesión

Por: Emanuelle Alemar, miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
 

La caída económica de la última década se ha reflejado tanto a través de reducciones en el nivel de empleo e ingreso reales, como también en la devaluación de los activos financieros de los individuos y las familias.  Este fenómeno de la devaluación de activos surge como consecuencia de las reducciones en la demanda por dichos activos que surge a raíz de las continuas expectativas económicas negativas y la reducción en el poder adquisitivo de los individuos. 

 

El principal activo financiero de las familias y uno de los más que ha devaluado en los últimos años a raíz del empeoramiento de la recesión económica lo son las casas.  Por instancia, el valor de las propiedades residenciales en la isla se ha reducido a una tasa promedio anual de -1.8% desde el 2006, año en que comenzó la recesión económica.  Desde dicho año, la reducción en la demanda por propiedades residenciales a raíz del continuo aumento en la migración, la pérdida de 272,000 empleos y las débiles expectativas de crecimiento en el corto plazo han resultado en que las propiedades residenciales hayan perdido alrededor de un 20% de su valor inicial.

 

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Por otro lado, desde el año 2006, el monto total de deuda de los consumidores ha aumentado a una tasa promedio anual de 1.2%, totalizando $22,388.5 millones para el 2016, lo que implica un aumento de un 13.5% en la deuda retenida por los consumidores, por lo que estos han adquirido $2,670.8 millones en deuda nueva durante el periodo de recesión.    Por instancia, la deuda retenida por los consumidores con compañías de venta condicional, las cuales conservan el título del bien o servicio comprado hasta que se hayan satisfecho ciertas condiciones contractuales relacionadas a tasas de interés o vencimiento de pagos, aumentó a una tasa promedio de 2% para un aumento de 19.4% desde el 2006, totalizando $7,108.3 millones para el  2016, lo que implica que desde que comenzó la recesión en el 2006, los consumidores han adquirido $1,158.4 millones en deuda con compañías de venta condicional, ya que de otra  forma no hubiesen podido adquirir el bien o servicio que compraron bajo dichos términos contractuales.

 

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En lo que consta la proporción de activos a deuda o “leverage”, la cual mide la cantidad de deuda que puede ser amortiguada por el valor de los activos de los individuos sin que estos tengan que redirigir su ingreso de consumo e inversión al pago de deuda, esta se redujo a razón de -2.7% desde el 2006, situándose en 209% para el 2006, lo que implica que por cada dólar que debían los consumidores, poseían $2.09 en activos en el 2016.  Como se observa en la gráfica, la misma ha experimentado alzas de 2.3% y 2.9% en el 2015 y 2016 respectivamente, las cuales pueden ser explicadas por las reducciones en los préstamos bancarios por causa de los aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y las débiles expectativas de crecimiento económico que desestiman la actividad prestataria por el aumento en el riesgo de impago.

 

Al comienzo del periodo de recesión en el 2006, los individuos poseían $2.15 en activos por cada dólar que debían, implicando que con el transcurso del tiempo los consumidores han podido amortiguar cada vez menos deuda con los activos que poseen, teniendo que redirigir su ingreso de actividades productivas a pagar deuda.  Por lo que la reducción en el valor de las propiedades en conjunto con el valor de los demás activos financieros de los individuos ha implicado que la deuda que se adquirió para financiar dichos activos ahora deba ser amortiguada con ingreso que podría estarse destinando a inversión y consumo.  De cara al futuro, se podría esperar una contracción aun mayor de esta proporción de activos a deuda por causa de la implementación de las medidas de austeridad propuestas por la actual administración y la JSF, las cuales redundarían en reducciones en los niveles de empleo y salarios, lo que induciría un aumento en la deuda incurrida por los individuos.  Por otro lado, dichas medidas redundarían en la continua devaluación de los activos de los individuos como consecuencia la reducción en la demanda inducida por la migración y el bajo poder adquisitivo.