Por: Emanuelle Alemar, miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
La salud financiera de las instituciones que manejan el sistema de retiro de la fuerza laboral del sector gubernamental es de extrema importancia para la estabilidad económica de cualquier país. Esto se debe a que las mismas son las encargadas de manejar los ahorros de los retirados que aportaron al sistema en un pasado con fines de tener una fuente de ingreso segura en el presente y de los que son empleados en el presente y desean tener una fuente de ingreso segura en el futuro cuando se retiren. Si estas instituciones confrontan problemas de liquidez y endeudamiento, esto podría implicar una pérdida de la capacidad para pagar beneficios a pensionados en el corto plazo y para pagar beneficios a empleados que se retiraran en el largo plazo.
El sistema de retiro de empleados públicos en Puerto Rico se subdivide en tres sistemas: el sistema general de retiro de empleados públicos (ERS, por sus siglas en ingles), el sistema de retiro de los maestros (TRS) y el sistema de retiro judicial (JRS). De estos tres, el que más que ha sido trastocado por problemas de liquidez y endeudamiento es el ERS. A partir del año fiscal 2016, el valor de los activos de esta subdivisión totalizó aproximadamente $2,771 millones, mientras que el valor de sus obligaciones totalizó $3,358.7 millones, lo que implica una posición neta negativa o un déficit actuarial de -$587.6 millones. Por instancia, el valor de los activos del sistema se ha reducido en un 44%, mientras que el valor de sus obligaciones ha aumentado en un 2.9% desde el año fiscal 2011. Esto implica que el sistema es cada día más incapaz de cumplir con las obligaciones pensionarias y mantenerse operante con los recursos que posee.
El indicador principal de esta capacidad es la posición neta, es decir, la diferencia entre los activos y las obligaciones del sistema. Mientras menor sea el valor de esta brecha entre los activos y las obligaciones, menor será la cantidad de obligaciones que podrá ser amortiguada por el rendimiento de los activos del sistema. Por instancia, el valor de la posición neta del ERS se ha reducido a razón de 134% desde el 2011, año en el que totalizo $1,691.6 millones, lo que implica que en cuatro años se han acumulado pérdidas de $2,279.3 millones en activos netos. En lo que consta la liquidez del sistema, esta se ha reducido a una tasa promedio de -14% desde el 2011, año en el cual totalizo $854.8 millones, lo que implica una pérdida de flujo de efectivo de $488.5 millones en el 2015 con respecto al 2011.
Por otro lado, los ingresos por concepto de contribuciones al sistema por parte de empleados activos totalizaron $1,076.6 millones para el 2015, mientras que los pagos de beneficios que desembolsaba el sistema a los retirados totalizaron $1,572.6 millones, lo que implica un déficit o exceso de desembolsos del sistema sobre ingresos por concepto de contribuciones de $496 millones. Esto implica que por cada dólar que desembolsó el sistema a individuos retirados en el 2015, el mismo recibió 68 centavos en ingresos por concepto de contribuciones de empleados activos, lo que implica una pérdida de 32 centavos por cada dólar para el sistema. En el 2011 el sistema recibió 71 centavos en ingresos por cada dólar que desembolsaba en beneficios, lo que implica una pérdida de 29 centavos por cada dólar, por lo que estas pérdidas aumentaron entre el 2011 y 2015 a razón de 4 centavos por cada dólar desembolsado en beneficios.
Entre los años fiscales 2011 y 2015, el sistema recibía aproximadamente 65 centavos en ingresos por parte de empleados activos por cada dólar que desembolsaba a los retirados, lo que implica una pérdida de 35 centavos en promedio por cada dólar para el sistema durante este periodo. En términos de capacidad de pago de las pensiones, la proporción de la posición neta fiduciaria del sistema al total de obligaciones pensionarias fue de -1.77% en el 2015, lo que implica una incapacidad total de pago de las pensiones con los recursos de los cuales es dueño el sistema. Para el 2013, esta proporción fue de 2.47%, lo que implica que el sistema podía financiar menos del 3% del pago de pensiones con los recursos que tenía. Esto podría explicar el crecimiento a razón de 1.7% del servicio de la deuda del sistema entre el 2013 y el 2015, ya que se tuvo que emitir aún mas de esta última para el pago de pensiones debido a que los recursos con los que contaba el sistema cubrían apenas un 2.47% del pago de las mismas.
Por instancia, la reducción de la brecha entre los ingresos que recibe el sistema por contribuciones de empleados activos y los desembolsos que hace el sistema a los retirados, lo cual se reflejó en un déficit de $496 millones en el 2015, puede ser explicado por la reducción del empleo en el gobierno a una tasa promedio de -8.8% y el continuo aumento en la migración de trabajadores jóvenes desde el 2011, lo que implica menos individuos pagando contribuciones al sistema y más individuos de la tercera edad a los que se le desembolsan pagos de beneficios.
En el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal se presentan una serie de medidas con fines de reducir la brecha entre lo que el sistema recibe en ingresos y lo que desembolsa en beneficios, y de esa forma aumentar la proporción de obligaciones de deuda que pueden ser financiadas por los activos netos del sistema. Entre estas medidas, se plantea una reducción de un 10% sobre el total de desembolsos a individuos retirados con excepción de los que reciben menos de $2,000 al mes en beneficios. Por instancia, entre el 2011 y 2015, el sistema desembolsó aproximadamente $1,523.8 millones en promedio por año en beneficios a los retirados. De implementarse dicha reducción de un 10% sobre el total de pensiones, esto implicaría que los retirados recibirían 10 centavos menos por cada dólar que reciben en ingreso por concepto de beneficios. A nivel agregado, esto implicaría una pérdida de aproximadamente $152.3 millones al año en consumo e inversión en la economía local a corto plazo, perdida que se podría duplicar o triplicar dependiendo de la fluctuación del efecto multiplicador. Por lo que este ajuste en los desembolsos, a la vez que aumentaría la proporción de obligaciones que puede ser financiada con los activos netos del sistema, representaría de la misma manera un duro golpe a la ya debilitada actividad económica en la isla.
