Quedó evidenciado ayer, las diferencias abismales que existen entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico, en lo relativo a los fundamentos esenciales del Plan Fiscal requerido para sanear las finanzas públicas de la Isla. Estas diferencias parecen ser lo suficientemente abismales para evitar que el Plan sometido por e
l gobierno, pueda ser certificado el próximo 15 de marzo, fecha límite para validar el plan.
Las diferencias que separan a la JSF del Gobierno de Puerto Rico se concentran principalmente en las siguientes áreas. En primer lugar, el plan sometido por la administración Rosselló es muy agresivo en los estimados de crecimiento para el año fiscal 2017-18, en donde proyectan un crecimiento de 2%. La economía de la Isla lleva una década en co
ntracción, y es altamente improbable que pueda experimentar una recuperación inmediata.
En segundo lugar, según la JSF el gobierno parece subestimar la base de gastos y sobre-estimar la capacidad de generación de ingresos. En este renglón de gastos, la JSF está pidiendo reducciones en nómina por $550 millones a partir del próximo año fiscal, hasta alcanzar los $1,300 millones para el 2021. También se solicita que la reducción de gastos en la UPR, sea de $400 millones. Pide la JSF corregir los ajustes en pensiones al parámetro originalmente solicitado.
En tercer lugar, el gobierno parece apostar a que, en algún momento, el Congreso de los Estados Unidos, aprobará alguna legislación que extienda beneficios adicionales al programa de salud del gobierno. De no ocurrir lo anterior, el gobierno se expone a perder $1,000 millones en este renglón que va a impactar la capacidad del gobierno para ofrecer estos servicios.
Así las cosas, habrá que ver si se llega a un acuerdo que permita al gobierno incorporar las enmiendas, entre hoy y el lunes, cuando se llevará a cabo la reunión en la ciudad de Nueva York en la cual la JSF, tendrá que decidir si certifica o no el plan solicitado.
De no haber acuerdos, el Plan Fiscal a validarse será el de la JSF y le tocará al organismo supervisor convertirse en un ente de ejecución del Plan Fiscal de forma efectiva.
