Por Nicole Martínez, estudiante graduada de economía y ex-presidenta de la Asociación de Estudiantes de Economía de Ciencias Sociales (AEECS)
La historia económica de Puerto Rico se ha caracterizado por la falta de autonomía tanto económica y política. A continuación se presentará un recuento histórico con la meta de exponer los procesos económicos por los cuales ha pasado Puerto Rico y luego plantear alguna posible solución a dicha prerrogativa.
El final de la década de los años ’40 fue un periodo importante para la historia de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático (PPD) asume el poder por primera vez y en el transcurso de esta década se comienzan a dar unos cambios sociales caracterizados por: una reforma agraria, la nacionalización de varios servicios públicos, la centralización de actividades gubernamentales y el establecimiento de fábricas de propiedad estatal. No obstante en el 1948 hubo un cambio en paradigma en cuanto al pensamiento del PPD y la mayoría de los sectores que antes eran propiedad gubernamental comenzaron a ser privatizados. Se había abandonado la anterior orientación nacionalista y redistributiva moderna a favor de la atracción del capital extranjero con una fuerte orientación hacia el crecimiento económico. El gobierno dejó de ser un productor de bienes y se convirtió más en un intermediario del capital extranjero privado.
Las reformas, en su esencia, neoliberales que se implantaron durante este periodo convirtieron a Puerto Rico en un modelo a seguir para países en vías de desarrollo. La falta de restricciones para inversionistas externos llevó a que el Estado actuara como catalítico de la empresa privada al proveer un sinnúmero de incentivos fiscales que llevaron a un alto nivel de inversión extranjera. Los nuevos incentivos que ofrecía la economía puertorriqueña a sus inversionistas llevaron a un proceso de cambio social que se vió claramente reflejado en los patrones de consumo, cultura y tecnología del puertorriqueño. Los mismos comenzaron a reflejar el estilo de vida de los países ya desarrollados.
La incorporación de empresas multinacionales norteamericanas en Puerto Rico llevó a una economía altamente dependiente en productos foráneos ya que había una falta de inversión en el capital local.
De los años 1950 a los 1960 se comienza un proceso de “Industrialización por Invitación” caracterizado principalmente por la Operación Manos a la Obra (OMO). OMO trató de un proyecto en el cual los Estados Unidos comienza a transferir una cantidad exorbitante de fondos federales para el desarrollo de la economía puertorriqueña. Una de las ideas centrales de la OMO, recae en que la inversión externa era inminente para crear un modelo sostenible de desarrollo y crecimiento. En esta época Puerto Rico padecía de una baja participación laboral y una gran ola migratoria, por lo tanto, se comenzaron a construir complejos petroquímicos para contrarrestar estas fuerzas que operaban en la economía.
El gobierno se convirtió en el empleador principal de la isla y comenzó a incurrir en un gasto en infraestructura sustancial. Los pagos al bienestar (beneficios gubernamentales) aumentaron exorbitantemente y aproximadamente un 70% de la población recibía de estos beneficios gubernamentales que se veían reflejados como cupones alimenticios. Por otro lado, cerca del 30% del ingresos total gubernamental se destinó a pagos de transferencia.
A pesar de las dificultades cada vez más evidentes que fueron presentándose durante los años sesenta, la estrategia del desarrollo continuó con ayudas del gobierno federal gracias a los aumentos masivos de la deuda externa y al aumento de los pagos de transferencia. De los años 1962 a 1976 Villamil publica unos datos en los cuales se refleja que hubo un aumento porcentual de aproximadamente 88.6% de la deuda de Puerto Rico. Esta masiva entrada de fondos federales no estimuló la producción nacional, variable más impactada y de mayor importancia para la época, sino que creó aún más dependencia de las importaciones estadounidenses. La estrategia de maximizar el crecimiento mediante la inversión externa (EEUU) conduce a una dependencia aún mayor con un margen de superación y creación de producción nacional menor.
En la actualidad, Puerto Rico confronta una deuda pública de 72,000 millones de dólares. Un aumento porcentual de aproximadamente 92.1% desde el 1976 al 2016. Las transferencia de fondos federales, el despilfarro de fondos públicos por funcionarios gubernamentales y los contratos que se otorgan a empleados del gobierno han aportado al incremento masivo de la deuda que confrontamos en este país.
Propondría una auditoría de la deuda, una reestructuración de la deuda, la centralización de trabajos gubernamentales, la consolidación de municipios y rediseñado el sistema de educación Universitaria. Por ejemplo, Puerto Rico podría adoptar un método como el de México en el cual el gobierno subsidia la educación y luego los estudiantes se ven en la obligación de trabajar para el mismo. Esto podría servir para aumentar la fuerza laboral de la isla, reducir el desempleo y aumentar la productividad laboral.
Con la Junta de Control fiscal y las medidas de austeridad que proponen para encaminar las finanzas de Puerto Rico el impacto social de la deuda se comenzará a sentir más que nunca. En los años ’50 y ’60 comenzamos a experimentar problemas con el desarrollo de la economía del país por la intervención norteamericana y la transferencia masiva de fondos federales. Las decisiones que tome el gobierno de Puerto Rico ahora son las que determinarán si la isla continuará en un patrón de contracción económica en el corto plazo o si enfrentaremos el mayor reto como puertorriqueños al intentar reconstruir una economía quebrada.
