Después de semanas de incertidumbre, finalmente el Gobernador presentó ayer el Plan Fiscal a la Junta. Las controversias no se han hecho esperar, y casi toda la discusión gira en torno a si el plan será aprobado o no por la Junta de Supervisión Fiscal.
El plan fiscal presentado por el Gobierno se fundamente en dos componentes, uno de aumentos en ingresos, y otro, de reducción en el gasto. Un tercer componente del plan, es la re-estructuración de la deuda pública, que debe atenderse bajo el título de 6 de PROMESA que provee una re-estructuración voluntaria. Actualmente, el servicio de la deuda asciende a $3,800 millones.
Aumento en el ingreso
Por el lado de los ingresos, el plan propone un incremento en nuevos recaudos que provendrían primordialmente de la extensión del arbitrio a la Ley 154, que debe generar $1,050 millones, y el restante provendría de una reforma contributiva y medidas de fiscalización del Departamento de Hacienda ($370 millones) y ajuste tarifario de servicios del gobierno ($60 millones). La JSF había solicitado ingresos nuevos de $1,500 millones. La gran interrogante aquí es si en efecto, la expectativa de ingresos de la Ley 154 se materializará según los supuestos esbozados en el plan.
Estos ingresos dependen de que el Tesoro Federal no alteré el acuerdo actual, y que las empresas que actualmente este arbitrio, no se vayan de Puerto Rico (20 empresas). También depende, de que el cambio en la reforma tributaria del Presidente Donald Trump, no altere el esquema actual de las Corporaciones Foráneas Controladas (Sección 901 del IRC).
Reducción de gastos
Por el lado del gasto, el Plan Fiscal esboza una serie de medidas que han causan muchas interrogantes. El gobierno apuesta una reducción en el gasto del gobierno sin afectar servicios esenciales, ni despido de empleados públicos. Para lograr eso, el Plan propuesto dispone una reducción de $750 millones en los subsidios que paga a los municipios, la UPR y entidades sin fines de lucro, también propone una reducción gradual de $400 millones en nómina, y bajo un modelo de un nuevo modelo gubernamental propone lograr eficiencias y economías que se supone generen $460 millones.
Sistema de salud
El plan de reducción de gastos incluye ajustes de $300 millones en el componente del gasto de salud mediante diversas iniciativas. Aquí el programa se queda bastante corte, al ajuste recomendado por la JSF de $1,000 millones, como resultado del fin del apoyo del gobierno federal bajo el Obama Care (ACA). El supuesto detrás de esta propuesta, es que, en algún momento, el Congreso actuará para extender a la Isla algún financiamiento puente y así evitar el colapso del sistema.
Pensiones
En el componente de las pensiones del gobierno, el plan propuesto por el Gobernador sugiere un ajuste que solo impactaría a los pensionados con beneficios de pensión por encima de $2,000 mensuales, esto generaría ahorros de $60 millones. La JSF había sugerido una reducción de 10% a todas las pensiones. Nos parece que, en este componente, hay un reto mayor que va a requerir un planteamiento mucho más profundo para evitar la insolvencia del sistema. Sin una inyección significativa de recursos, el sistema camina rumbo al colapso.
Todas las propuestas por el lado del ingreso y el gasto, están enmarcadas para lograrse entre el 2018 y 2019 (2 años fiscales), que es el tiempo establecido por la JSF.
¿Será viable el plan?
Claramente, el plan propuesto por el Gobernador de Puerto Rico no atiende la totalidad de los parámetros expuestos por la JSF en la carta de diciembre de 2016. El gobierno argumenta que hacer lo que plantea el organismo supervisor, tendría el efecto de contraer agudamente la economía en magnitudes jamás antes vistas en la Isla.
Así las cosas, la gran interrogante que surge ahora es si en efecto, la JSF va a aprobar este plan, y de no ser aprobado, ¿Estaría el organismo en posición de diseñar un Plan Fiscal y ejecutarlo? No olvidemos, que el gobierno es una maquina grande, lenta y pesada, que históricamente ha resistidos cualquier esfuerzo reformador.
Posiblemente, el Plan sometido sea un punto de partida para sobre el negociar con la JSF y buscar un punto que viabilice los objetivos que establece PROMESA. Queda en suspenso también, los efectos del Plan Fiscal sobre la economía en el corto plazo, y que medidas pudieran ser incluidas de forma paralela para reactivar la economía. Estamos claros que la austeridad solamente no resolverá nuestro problema.
