Los puertorriqueños tienen un total de $20,000 millones del total de la deuda pública que asciende a $69,000 millones. Uno de los principales problemas de los bonistas locales, es que gran parte de esa deuda está concentrada en emisores con serios problemas financieros como el BGF, la Autoridad de Carreteras, la AAA, y los bonos emitidos por los sistemas de pensiones.
En su mayoría los bonistas locales, son personas mayores de 50, muchos retirados que invirtieron sus ahorros de vida en estos instrumentos financieros, y ahora se corren el riesgo de que puedan perder gran parte de su acreencia. Se estima, que ya los bonistas locales han perdido sobre $4,000 millones (perdidas realizadas) como consecuencia de la caída en los precios de los bonos. Gran parte de esta inversión, ha llegado a niveles históricamente bajos, como resultado de la devaluación de los bonos a partir de la degradación a chatarra.
Otras perdidas están asociadas a los impagos de emisores de deuda que no tenían fuente de repago, como el “Public Finance Corporation” (PFC), y los bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). El cuadro está tan complicado, que posiblemente, hasta la deuda emitida por COFINA pueda verse impactada.
En los llamados fondos mutuos cerrados, habían cerca de $13,000 millones en activos. Los fondos mutuos cerrados, están compuestos en cerca de un 66% por bonos del gobierno. Se estima que cerca de 60,000 personas tienen algún tipo de exposición a estos fondos, y ya un segmento muy importante de estas personas han decidido realizar las perdidas por concepto de sus inversiones. Fuentes de la industria, estiman que anualmente, las personas con dinero invertido en bonos del gobierno o fondos mutuos reciben entre $800 y $1,000 millones en pago de intereses y dividendos.
En muchos casos, estos ingresos representan un componente muy grande del ingreso de estas personas, que son pensionados del sector privado o gobierno. En la medida en que el proceso de re-estructuración, implique un recorte de principal, a la inversión original, se estará afectando el ingreso a recibir a futuro.
En otras palabras, si la re-estructuración de la deuda, implica un recorte de 50% del principal, los ingresos pasivos que reciben los pensionados pudieran reducirse en esa misma proporción. Es decir, si una persona recibe hoy $5,000 mensuales por concepto de un bono del gobierno, a partir de la re-estructuración pudiera comenzar a recibir la mitad, y cuando el bono llegue a vencimiento, recibirá la mitad del valor original de la inversión.
Si el proceso de PROMESA evoluciona en la dirección anteriormente descrita bajo el titulo 3 de la Ley, entonces será un Juez Federal el que mediará en el proceso muy similar al de una quiebra. Bajo este proceso, muchos bonistas locales, quedarán seriamente afectados, perdiendo gran parte del valor de su acreencia.
La gran pregunta que todo el mundo se hace, es como de cara al proceso de la implementación del Plan Fiscal y la re-estructuración de la deuda, como se podrá encontrar suficientes recursos, para sostener el gobierno, pagar el sistema de salud, pagar las pensiones y pagar la deuda. Todo la anterior en una contracción económica que se agudiza. Claramente, todos saldremos golpeados.
