Desde hace tiempo lo sabíamos, pero no hicimos nada. Cuando hablo de nosotros, incluyo a todos, gobierno, analistas, economistas y todo aquel que tuvo conocimiento de causa, pero no actuó a tiempo para evitar lo que será la peor crisis que enfrentará la Isla en tiempos modernos.
Muy pronto, el sistema de retiro de los empleados del gobierno central, llegará a la insolvencia total, lo que provocaría una seria crisis económica y social, sin precedentes. Lo que está en juego es la estabilidad de 94,395 pensionados del gobierno, y sobre 40,000 dependientes, que pudieran perder el ingreso de sus pensiones.
Malas decisiones de inversión, la aprobación de beneficios sin el respaldo financiero, y las malas prácticas de utilizar sus recursos para otros fines, crearon las condiciones para el actual estado de insolvencia.
Según el último informe actuarial del 2015 preparado por la firma especializada en estudios actuariales, Milliman para la Administración de los Sistema de Retiro (ASR), la pensión promedio mensual es de $1,059. Además, el total de personas activas dentro del gobierno aportando al sistema de retiro, es de 125,671, con un salario promedio de $27,671.
A junio del 2015, el valor de los activos del Sistema de Retiro, era de $2,780 millones, pero las obligaciones totales del sistema ascendían a $33,247 millones. No obstante, el reto mayor que enfrenta el sistema es que mientras las contribuciones anuales ascendieron a $1,020 millones, los pagos de pensiones fueron de $1,848 millones, lo que está acelerando la descapitalización del sistema. Todo esto a pesar de la reforma del 2013, que se quedó inconclusa, al gobierno no poder hacer las aportaciones anuales ascendentes a $300 millones, para re-capitalizar el sistema de retiro. El déficit entre los ingresos del sistema y los pagos ascendió a $684,000,000.00 en el AF 2015-16, según reportara el saliente administrador de la ASR durante las vistas de transición.
La degradación a chatarra agravó el problema
La degradación a la categoría chatarra del crédito de Puerto Rico, tuvo el efecto de cerrar los mercados de capital para el gobierno, afectando la liquidez y, por ende, la capacidad de inyectar los recursos que necesitaba el sistema para evitar la insolvencia. Además de los pensionados, el sistema es responsable de pagar beneficios a sobre 40,000 dependientes de dependientes de jubilados del gobierno ya fallecidos.
Informes recientes, apuntan a que, en cuestión de meses, el sistema agote totalmente su liquidez. Al sumar los pensionados y los dependientes, el número de personas que dependen del gobierno asciende a cerca de 140,000 lo que excede el número de personas activas en el gobierno que está aportando al sistema de retiro. Mientras toda la discusión se enfoca en el tema de la deuda, nadie parece prestarle mucha atención al tema de la inminente insolvencia del sistema de retiro del gobierno central.
Deuda pública más déficit actuarial de pensiones equivale a $109,000 millones
A la deuda monumental de $69,000 millones, hay que sumarle los $30,000 millones (déficit actuarial) de obligaciones en pensiones de los empleados del gobierno central, más cerca de $10,000 millones de las obligaciones en pensiones del sistema de maestros (déficit actuarial). Los maestros jubilados ascienden a 40,000, mientras solamente hay 37,741 maestros aportando al sistema.
El pago anual de los sistemas de pensiones de los maestros es de $708 millones, pero el sistema provee para cubrir $430 millones, según datos recientes provistos por los administradores del sistema pensiones del magisterio. Con una cartera de inversiones de apenas $1,200 millones, el sistema amenaza con quedarse totalmente insolvente antes del 2020.
La deuda pública y el déficit de las pensiones representa el 155% del PNB, en una economía que continúa en contracción.
Soluciones
El reto que enfrentamos en el corto plazo es como dentro del proceso de reformas y re-estructuración de la deuda, se puedan identificar recursos para inyectarle al sistema que eviten su insolvencia total. Una de las recomendaciones que hemos propuesto es destinar una cantidad específica de los ahorros que se generen de la re-estructuración de la deuda no-constitucional y del propio gobierno, para recapitalizar ambos sistemas.
Recomendamos además evaluar las pensiones existentes para determinar cuáles de ellas no guardan relación con las aportaciones realizadas por el beneficiario e introducir recortes desde arriba hacia abajo. Como una última opción, algunos han planteado, la imposición de un impuesto especial, para allegar recursos nuevos al sistema. Esta opción sería una especie de socialización del problema, una manera de distribuir el costo de las malas decisiones tomadas durante las últimas décadas, que terminará pagando la actual generación.
