La Junta de Supervisión Fiscal le ha extendido el plazo para que el Gobernador presente el Plan Fiscal a Cinco Años. El nuevo plazo vence el 28 de febrero, al mismo tiempo que extendió la moratoria para la protección del gobierno contra los litigios de los acreedores hasta mayo.
El tan criticado organismo supervisor de las finanzas del ELA, demuestra que no es el ente malvado que algunos han querido proyectar. Evidentemente, la JSF comienza a operar con sensatez, flexibilidad y sentido práctico ante la compleja situación que enfrenta la Isla.
La bola ahora está en la cancha del gobierno, que gradualmente comienza a implementar reformas institucionales como la reforma laboral, y otras, que seguro vendrán muy pronto. El nuevo Gobernador Ricardo Rosselló, se mueve con el sentido de urgencia necesario para atender la frágil situación, consciente de que carece de tiempo, y que, en los próximos seis meses, nos jugamos la vida.
Hasta el momento, su mayoría parlamentaria, se mantiene alineada en este esfuerzo reformista, y esperemos que no le comiencen a temblar las rodillas, cuando llegue el momento de implementar las reformas más dolorosas y arriesgadas electoralmente hablando.
El desfase fiscal entre ingresos y gastos, es de aproximadamente $7,000 millones anuales, que es insostenible bajo las actuales condiciones demográficas y económicas.
Dicho eso expongo algunas de las propuestas que entiendo pudieran ser incluidas en este Plan Fiscal:
1. Reducción significativa de contratos por servicios profesionales y servicios no esenciales para la operación gubernamental, como servicios de publicidad, y consultorías sin ningún propósito. Esta partida asciende a cerca de $1,000 millones.
2. Consolidación de agencias del gobierno central. Se debe realizar una evaluación exhaustiva de la operación gubernamental, y eliminar aquellas agencias que no tengan un propósito esencial o relevante. En el 2005, una propuesta de consolidación presentada por el Ejecutivo, consolidada 28 agencias que permitían ahorros cercanos a $300 millones.
3. Eliminación de incentivos y subsidios a sectores e industrias que no rinden un propósito productivo. Un estudio reciente, realizado por el Economista Dr. Ramón Cao, reveló que el impacto total de todos estos programas asciende a $2,000 millones anuales, y no se tiene claridad de su impacto en la economía. Recomendamos analizar cuales se puede reducir y eliminar con el fin de allegar al menos entre $500 a $800 millones.
4. Mediante alianza con los gobiernos municipales se puede fortalecer la capacidad de captación del IVU y elevarla a 80%, lo cual pudiera elevar los recaudos entre $200 y $300 millones anuales. También hay un amplio espacio para aumentar la captación del IVU B2B por la parte de servicios.
5. Realizar un análisis exhaustivo de los actuales niveles eficiencia y efectividad de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación, que consumen anualmente del Fondo General, $1.2 y $2.8 billones, respectivamente. Esto representa el 44% de los ingresos del Fisco. Entendemos, que, si se lograran ahorros de 15% en ambos componentes operacionales, se ahorrarían $600 millones anuales.
6. Una tasa contributiva preferencial fija de 5% sobre el ingreso a profesionales boricuas que hayan emigrado con el ánimo de traerlos de nuevo a la Isla. Este es un programa similar al de la Ley 22, pero enfocado a puertorriqueños que haya emigrado entre el 2000 al 2016. Esta iniciativa tiene como fin, ampliar la base contributiva, que se ha visto reducida por $1,000 millones (contribución sobre ingresos) en la última década.
7. Para evitar el colapso de los sistemas de pensiones, se debería destinar entre $150 a $200 millones anuales, de los ahorros que se generen de la re-estructuración de la deuda y las eficiencias generadas por la re-ingeniería gubernamental, a los sistemas de pensiones del gobierno para evitar su colapso. (esto amerita una validación actuarial).
8. La administración debe restaurar el programa de inversión de mejoras capitales y planificar la inversión en infraestructura a cinco años destinando al menos un 15% de los ingresos del Fondo General a la inversión pública. Esto será esencial para apoyar los esfuerzos de reactivación de la economía como un esfuerzo complementario a las alianzas público-privadas. Hemos estimado que la economía necesita al menos una inyección anual de $5,000 millones en nueva inversión por al menos 5 cinco años, para que comience a entrar a terreno positivo.
Las medidas, descritas anteriormente, pueden representar entre $2,300 millones y $2,500 millones, en ingresos nuevos anuales, sin lastimar la economía.
