En el año 1991, se aprobó la Ley de Municipios Autónomos, que abriría espacio para lo que se conocería como la autonomía municipal. La visión de gobierno detrás de esta ley era que los municipios alcanzarán plena autonomía fiscal y una planificación física y económica que le permitiera maximizar su desarrollo y por ende autonomía del gobierno central. La municipalización de la gestión gubernamental se veía como la respuesta a la centralización y burocratización del Estado. El objetivo principal de la Ley de 1991, era lograr municipios bien organizados, con una cultura de planificación de avanzada y fiscalmente autosuficientes. En fin, se perseguía promover una nueva forma de gobierno a nivel municipal que permitiera ir delegándole funciones del gobierno central a los ayuntamientos.
Aunque en concepto y teoría, la Ley de Municipios Autónomos se veía bien, un cuarto de siglo después, han sido muy pocos los municipios que han alcanzado este nivel de desarrollo y autonomía municipal. En la práctica, la realidad de cerca de la mitad de los ayuntamientos municipales está muy lejos de lo que promovía la propia Ley de 1991.
Entre el 2006 y el 2015, la deuda pública de los municipios aumentó de $2,330 a $4,126 millones, mientras que la nómina municipal a nivel agregado se redujo de 62,100 empleados a 55,000, durante ese mismo período de tiempo.
Un informe publicado por la Fundación “Abre Puerto Rico” sobre la salud fiscal de los municipios, refleja que 38 municipios tienen serios problemas fiscales. Utilizando una serie de indicadores financieros, el grupo Abre Puerto Rico, estableció una jerarquía de salud fiscal para los 78 municipios, y establece claramente como casi la mitad, se encuentran en rojo.
En el informe publicado recientemente, el Municipio de Fajardo exhibió la puntuación más alta con un Índice de Salud Fiscal de 10.3 mientras que Ponce, recibió la peor puntuación con -6.0. Entre los municipios con mayor puntuación también ubicaron Barranquitas e Isabela, con índices de 6.14 y 5.53, respectivamente.
Tendencias recientes
En las últimas semanas varios municipios se han vuelto protagonistas de las noticias locales. Resulta irónico que este protagonismo surge en el contexto de la crisis fiscal que cada semana parece agudizarse. Los municipios parecen ser el eslabón gubernamental más débil y parece que por aquí reventará la crisis financiera del sector público.
La “muerte” del Banco Gubernamental de Fomento, insolvente luego de convertirse en una especie de cajero automático de corporaciones públicas, y gobiernos municipales, ha servido para acelerar la crisis. La quiebra del agente fiscal, comienza afectar con mayor fuerza a los gobiernos municipales peores administrados.
Presentaremos cuatro historias de ayuntamientos que precisamente se han convertido en focos de la atención pública por diferentes razones para poner en contexto la necesidad de una reforma municipal.
Toa Baja
De todos los casos, el del Municipio de Toa Baja parece ser el más emblemático de la crisis. Con una población de 89,609 habitantes, y un ingreso per cápita de $11,055 según el Censo de 2010, esta ciudad se ha convertido en un ejemplo de mala administración pública. Con un ingreso total de $43,000,000, para el AF 2014-15, según la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la mala gerencia llevó a la ciudad a estar hoy en un déficit de $14,295,372 millones.
Lo sorprendente de Toa Baja es que reporta una deuda pública de $102,834,933, (lo que representa una relación de deuda a ingreso de 239%, de los cuales, un componente grande son líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Entre el 2013 y el 2015, según la Oficina del Contralor, los ingresos por concepto de patentes se han reducido de $18 a $12 millones, como consecuencia de la profunda contracción económica. Además, la agudización de la crisis, provocó que, durante el mes de noviembre y diciembre, no se pudiera pagar a los empleados municipales.
El Índice de Salud Fiscal de Toa Baja, en el 2014 fue de -5.04 y ubica en la posición 73.
Cabo Rojo
Con una población de 50,917 habitante y un ingreso per cápita de $8,999, el ayuntamiento recientemente anunció que tendrá que comenzar a reducir gastos, incluyendo despidos y reducción de jornada laboral, para enfrentar un déficit de $3.8 millones (Oficina del Contralor) 17.3% de los ingresos del municipio. La deuda pública del municipio es de $34.9 millones, lo que representa el 134% de su presupuesto. Aunque la situación no es tan grave como Toa Baja, la gerencia de Cabo Rojo tendrá que hacer ajustes grandes para evitar una situación más grave, y además tiene la ventaja de poseer una gran población flotante de turistas y personas con segundas residencias.
No hacer nada, abriría el camino para que, en un proceso de consolidación de municipios, este emblemático e histórico, pueblo termine siendo absorbido por el vecino Mayagüez, cabecera de la región oeste. El Índice de Salud Fiscal de Cabo Rojo en el 2014 fue de -2.0 y ubica en la posición 59.
Loíza
Los problemas económicos del municipio de Loíza son históricos. La ausencia de una adecuada base de producción, industrias y comercios, han mantenido a este pueblo costero en una situación de pobreza. Desde antes de las elecciones, el ayuntamiento municipal estaba experimentando problemas para poder cumplir con el pago de la nómina. Esta situación se ha agravado luego de las elecciones en noviembre, y durante la transición de gobierno salieron a flote los graves problemas financieros del ayuntamiento.
Con una población de 30,060 habitantes y un ingreso per cápita de $8,050, la ciudad experimenta un déficit fiscal de -$6,027,068, lo que representa un poco más del 50% de los ingresos del municipio. La deuda pública de Loíza es de $9,638,200, equivalente al 83.3% de los ingresos del ayuntamiento.
El Índice de Salud Fiscal de Loíza, en el 2014 fue de -4.3 y ubica en la posición 71.
El Municipio de Loíza tiene ante sí el enorme reto de articular un plan de reorganización fiscal que evite un colapso de cara a los ajustes que se implementarán en el 2017. Igualmente, la nueva gerencia municipal debe desarrollar un plan económico fundamentado en el eco-turismo y otras actividades en las cuales el municipio posea ventajas competitivas. Por otro lado, el gobierno central debe mirar las opciones disponibles para proveer asistencia técnica a un pueblo que históricamente ha sido víctima del discrimen por tener un gran porcentaje de su población de raza negra.
Peñuelas
Este municipio, aunque ha podido llevar un manejo razonable de sus finanzas públicas, entre el 2013 y 2014, según el informe de la Fundación “ABRE Puerto Rico” descendió de la posición #8 a la posición #25 dentro del Índice de jerarquía de salud fiscal. El índice se redujo de 3.3 a 1.12.
Con una población de 24,282 habitantes, y un ingreso per cápita de $6,480, (el ingreso per cápita de Puerto Rico es $10,355) exhibe un leve superávit de $1,730,077. Sin embargo, según la Oficina del Contralor, para el AF 2014-15, los ingresos del ayuntamiento fueron de $17,195,923 mientras que la deuda pública ascendió a $22,811,000, para una relación de deuda a ingresos de 132%. Entre el 2013 y el 2015, los ingresos por concepto de patentes, se redujeron de $10.8 millones a $7.3 millones, para una reducción de 32.4%.
En los últimos meses se ha convertido en el foco de una intensa lucha entre el gobierno municipal y la empresa operadora del vertedero, por el tema de la disposición de las cenizas que genera la planta de cogeneración de energía, AES, ubicada en el vecino pueblo de Guayama.
Según se desprende de los medios, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha declarado que el manejo de las cenizas cumple con todos los parámetros de seguridad ambiental. Pero pese a lo establecido por la JCA, continúa una lucha allí que afecta no solo a la estabilidad de Peñuelas sino potencialmente, la estabilidad de una de las plantas que suple el 15% de la energía del país.
El planteamiento de política pública es ¿Hasta qué punto el mal manejo de este tipo de crisis acaba debilitando aún más la situación fiscal y económica de un municipio que ya exhibe una tendencia de deterioro financiero?
¿Es la regionalización la mejor opción?
Al igual que los tres casos anteriores, la autonomía fiscal queda cuestionada en la medida en que el endeudamiento, la acumulación de déficits o confrontaciones con el estado o la propia empresa privada, terminan afectando al resto de Puerto Rico.
De cara a la posible implementación de reformas fiscales e institucionales, urge mirar el actual modelo de autonomía municipal. En esta dirección, habrá que decidir entra la consolidación de municipios, y el desarrollo de estructuras regionales que hagan viable sostener las 78 unidades de gobierno. La realidad actual claramente no es efectiva ni sostenible.
