A un casi una semana para elecciones generales, la discusión sustantiva sobre la crisis fiscal comienza a intensificarse. Sin embargo, luego del 8 de noviembre, vencedores y vencidos, tendrán que unirse para movernos todos juntos a enfrentar la asignatura pendiente y que hemos pospuesto completarla por toda una década.
La asignación inconclusa a la que me refiero, es el diseño del plan que nos permita trabajar dentro de un mismo equipo, sin diferencias ideológicas y de ninguna otra índole, en la reconstrucción fiscal y económica de Puerto Rico. Si leen bien la ley que crea PROMESA, el estatuto es bastante claro de que en la medida en que el gobierno local se mueva en la ruta de la disciplina fiscal y buena administración, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá que entrar a tomar las decisiones por el gobierno. Mientras más rápido se transite hacia una nueva cultura de buen gobierno y sana administración, más rápido saldremos de los problemas fiscales y económicos, y menos tiempo tendremos la JSF velándonos.
Un enfoque holístico
El punto de partida del proceso para confeccionar el programa de soluciones, es reconocer el carácter multidimensional de la actual crisis. Esto es imprescindible para poder producir una solución holística o integrada. Me preocupa grandemente, que todavía gran parte de la discusión continúa enfocada estrictamente en el área financiera de la ecuación. Aún durante las vistas realizadas en el Congreso que produjeron PROMESA, se pareció obviar el carácter estructural de la crisis puertorriqueña. Evitar reconocer que estamos en crisis no solamente por un problema de mala administración gubernamental, sino porque hace dos décadas, la economía carece de un proyecto de desarrollo claro y coherente, pudiera llevar a soluciones inconclusas. Mi primera recomendación al proceso, es que además de requerirse un Plan Fiscal como establece la Ley, se exija un Plan Económico que sea complementarios.
Aún bajo el mejor plan fiscal posible que se pueda crear, si en efecto, la economía local no sale de la actual espiral de continua contracción, no habrá solución financiera posible y mucho menos sostenible. Desde esta perspectiva, me parece que hay un gran vacío en la discusión en torno a la necesidad de articular un proyecto económico, que atienda la raíz del problema fiscal, que es un problema de insuficiencia de producción.
No hay soluciones mágicas
Hemos salido corriendo a Washington a llevar peticiones y reclamos ante el “Task Force”, sin primero habernos contestado internamente varias preguntas, por ejemplo, ¿A qué tipo de economía aspiramos? ¿Cuál es la economía viable que podemos desarrollar? ¿Cuáles son nuestros deberes y los del Congreso en el proceso de re-pensar el modelo económico de Puerto Rico? Hay un sinnúmero de preguntas sin contestar por parte de los actores locales, que desde mi perspectiva nos pueden restar posibilidades dentro de esta coyuntura histórica.
Más grave aún, es caer en la tentación de que la crisis económica de Puerto Rico se va a resolver con una “bala mágica”, entiéndase una acción del Congreso que nos provea algún nuevo incentivo contributivo federal. En el mejor de los escenarios, de que el gobierno federal sea generoso, y nos extienda una nueva herramienta de esa naturaleza, es obvio, que eso solamente no resolverá una gran cantidad de problemas estructurales que limitan el potencial óptimo de la economía local.
El plan ideal
A tales efectos expongo algunos principios que entiendo debe contener el Plan Económico y Fiscal.
Desarrollo Económico
1.Habilitar un programa de desarrollo económico fundamentado principalmente en el capital local, no dependiente a exenciones contributivas federales. Si proveen alguna herramienta contributiva, excelente, pero no puede ser el elemento decisivo.
2.Solicitar al Congreso que libere a Puerto Rico de leyes que afecten la competitividad internacional de la economía local, como la Ley Jones (cabotaje). El Congreso debe revisar programas y leyes que no propendan el desarrollo de la economía, como los programas de beneficencia social.
3.El gobierno federal (Departamento del Tesoro) debe explorar algún mecanismo que permita inyectarle a Puerto Rico una cantidad significativa de inversión en infraestructura ($8,000 – $10,000 millones), que permita estimular crecimiento en el corto plazo.
4.El gobierno local y el sector empresarial deben confeccionar un abarcador programa de reformas institucionales como la reforma laboral, contributiva, fiscal, energética, de permisos, educativa y del estado benefactor.
5.Definir las industrias y sectores económicos sobre que puedan servir de catalizadores de la nueva actividad productiva y creación de empleos en el corto plazo.
Área Fiscal
1.Un replanteamiento del rol, filosofía y tamaño del gobierno de Puerto Rico. La actual estructura de 131 agencias no es viable;
2.Eliminar o privatizar corporaciones públicas que no sean autosuficientes;
3.Una nueva cultura de disciplina fiscal, transparencia y planificación; presupuestaria, que evite nuevos déficits estructurales;
4.Instaurar métricas de eficiencia y productividad en la gestión gubernamental;
5.En el futuro utilizar la deuda pública solo para financiar desarrollo de infraestructura no para financiar déficits.
6.Consolidación de municipios bajo una estructura consorcios y regiones.
